En todo el País ha habido manifestaciones en contra de la ilegal ampliación del plazo de las autoridades que los bajacalifornianos elegimos el pasado 2 de junio. Han venido de todos los partidos, de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, de los medios de comunicación, intelectuales, académicos y a través de las redes sociales de muchos ciudadanos sin cargo público que se interesan en la cosa pública.

El consenso generalizado es un rechazo a la reforma ilegal que llevó a cabo el Congreso del Estado de Baja California. Quienes defienden la llamada Ley Bonilla se han quedado solos, y los Diputados y Munícipes que la votaron a favor, han sido acusados de traidores a la democracia por muchos, incluidos militantes y dirigentes de sus propios partidos.

El Gobernador Kiko Vega, y algunos partidos en el Estado, han anunciado que interpondrán una acción de inconstitucionalidad para dejar sin efectos este intento autoritario de modificar los períodos de los gobiernos que en breve iniciarán su encargo. Eso resuelve el problema generado por esta decisión.

Pero no resuelve la impunidad en la que pudieran quedar los Legisladores si solo nos quedamos ahí. Lo que procede es ser consecuentes con el llamado del Presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, para que el Senado de la República desaparezca los poderes del estado. Esta acción le devolvería algún grado de dignidad a las instituciones democráticas del País. No importa que el Congreso esté por concluir su legislatura, aunque sea en el último día de su mandato esta acción tendría un impacto político y social importante. Pero eso tampoco le haría pagar las consecuencias a los Diputados que votaron a favor.

Dos acciones adicionales se hacen necesarias. La primera es que los Diputados deberían ser sujetos a un juicio político que analice las acciones ilegales en las que incurrieron, y que les imponga las sanciones a las que se hagan acreedores empezando por la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el máximo período posible, y la segunda, turnar el expediente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Baja California, para que investigue la posible comisión de delitos, especialmente la acusación de haber recibido un millón de dólares cada uno de ellos, y promesas a cambio de su voto a favor de esta modificación constitucional.

El problema más importante del País es la impunidad. Ahí se anidan todos los problemas nacionales. Los mexicanos sabemos que si cometemos algún delito, lo más probable es que no pase nada, y ese conocimiento incentiva la corrupción, la desviación de recursos, el robo, el homicidio y en general todos los delitos por que para todos hay impunidad en grados intolerables. Si no hay consecuencias contra estos Diputados, se reforzará la impunidad en el Estado y en el País.

Desaparición de poderes, juicio político y una investigación por corrupción, son las tres medidas que los ciudadanos esperamos sucedan en los siguientes días.

Paco García Burgos

Consultor y analista político

paco@pacogarciaburgos.mx