En la presente coyuntura, el país tiene un gobierno de izquierda moderada que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el 1° de diciembre de 2018 para los siguientes seis años, y va por el cambio, por la desestructuración del viejo régimen político mexicano, con su propuesta central de la Cuarta Transformación (4T), el presidente se ha propuesto más que relevar, cambiar al régimen para dejar atrás las viejas prácticas presidencialistas, autoritarias y represoras del PRI y el PAN, que tanto han dañado al país en todas sus aristas económicas y sociales durante 80 años.

La tesis central de la 4T radica en combatir la corrupción desde el gobierno —Bajando salarios y finiquitando los proyectos heredados de Peña Nieto—, para liberar recursos; una política de austeridad con el fin de atender los rezagos del país, como sucede con los principales afectados del modelo neoliberal, bajo el compromiso de “Primero los pobres”: Indígenas, campesinos, adultos mayores, jóvenes, un cambio que tanta falta le hacía al país, a los mexicanos, a los pobres, a la clase media e incluso a los empresarios chicos, medianos y grandes por décadas; parte del saldo de ir en reversa los últimos 36 años de neoliberalismo, desde el presidente Miguel de la Madrid a Peña, con Salinas como su principal artífice.

De un nuevo modelo, de un proyecto de país distinto se venía hablando tiempo atrás, porque el liberalismo le venía dando al traste de manera constante y como muestra está el crecimiento de PIB tan bajo como el insuficiente 2 por ciento, porque prevalecía la política de pillaje, de la venta de todo, la privatización de lo que si bien administraba el Estado no era del gobierno, de ninguno como Salinas que se apoderó de todo, y ocurrió hasta Peña. El robo consistió en que se vendieron los bienes públicos de Estado a precios preferenciales y para un selecto grupo. Salinas inició la política de venta de bienes públicos con fines privados, de saqueo de la riqueza nacional. Le siguieron Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto; seis sexenios en donde los bienes del Estado pasaron a manos de los pocos “Privilegiados”, empresarios afines al poder político, como también a políticos serviles.

La joya de la corona siempre ambicionada era la CFE y Pemex, sobre todo la petrolera. Dicha paraestatal estaba en la mira de las petroleras texanas gringas desde 1992, cuando iniciaron las pláticas que culminarían en la firma en 1993 y entrara en vigor del TLCAN, el 1° de enero de 1994, también en los tiempos de un Salinas, un presidente que ganó con una “Caída del sistema” electoral. Esa fue la “Legitimidad” y origen del siempre sospechoso fraude. Desde entonces, los mexicanos hemos padecido los lastres neoliberales en todos los sentidos. En la economía, en la política, en el impacto social con el incremento paulatino de la pobreza, el encarecimiento del empleo, los salarios de hambre, el empobrecimiento de la población indígena, campesina y popular, y un largo etcétera. Pillaje desde el poder para unos cuantos beneficiados que han concentrado la riqueza; los que subieron a la lista de los más ricos y los registros de Forbes. Todo en un ambiente de descomposición política (Asesinatos del tamaño de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial, de José Francisco Ruiz Massieu presidente del “Partido oficial” y del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo dizque a cuenta de ser “Confundido” con Joaquín El Chapo Guzmán).

Peor cuando arribó al poder el PAN, con la llegada de Vidente Fox y luego Felipe Calderón a la silla presidencial. Los panistas resultaron pésimos gobernantes; arremetieron contra el pueblo, causando daños a la sociedad desde la institución presidencial (Aparte el entreguismo a los intereses de Washington) hacia abajo. La peor prueba ha sido la política de “Seguridad” adoptada, copiada de (O impuesta por) los gringos de “Guerra contra el narcotráfico” de Calderón; desde ahí la inseguridad aumentó, y los negocios ilícitos se enquistaron y ejecutaron desde el poder. Los crímenes, la política del terror y la violencia se generalizaron en todo el país. La situación se extendió de Calderón (2006-2012) a Peña (2012-2018), el siguiente y más reciente gobierno del PRI. El clima de descomposición social arraigó, luego entonces con el PAN en el poder durante dos sexenios (2000-2012), pero continuó el siguiente del PRI. A ese lastre neoliberal se sumó la violencia social atizada desde la punta de la escala, tras el envío de los militares a las calles.

Así, en 2004 Fox envió militares a Nuevo León a combatir a los cárteles de las drogas. Ya en el 2006, el 10 de diciembre, Calderón mandó a 6,500 soldados a Michoacán. Entonces daría inicio la guerra contra el narco de Felipe, el otro usurpador del poder presidencial, el que tomó posesión con el sello de la ilegitimidad en la frente y el arribo por la puerta trasera para protestar en el Congreso.

Violencia contra los periodistas

La violencia se generalizó con un saldo como en cualquier país en guerra: Más de 250 mil asesinatos entre el año 2000 y mediados de 2018. En el ínterin arreciaron también los crímenes contra los periodistas: 150 comunicadores del año 2000 a la fecha, según el registro de la CNDH. Los principales ejercitantes de la libertad de expresión y garantes del derecho a la información.

Hay quien tasa la impunidad en el 99%, como Artículo 19. Un dato fatídico, temible para cualquier gobierno, de cualquier partido —PRI, el PAN, incluso MORENA—, porque no se investigan los crímenes contra los periodistas ni defensores de derechos humanos, y la cadena de agresiones continúa. Pero más allá de partidos, el gobierno en turno es el responsable de terminar con la impunidad. En este caso con el gremio periodístico. Pero nada. No ha pasado nada ni sabemos hasta cuándo, la situación está en stand by, a la espera de un mejor momento. Entre tanto los periodistas caen como víctimas sin importancia. Desafortunadamente sucede con el gobierno del cambio, donde nada cambia para el gremio, porque no se está avanzando en las indagatorias para encontrar y castigar a los culpables de los crímenes cometidos; no se hará en tanto prevalezca la impunidad sobre los crímenes.

Ya en 2019, solo para la estadística, el recuento es de 11 periodistas asesinados; 13 en total para el actual gobierno, con un involucramiento de agentes del Estado en por lo menos el 50% de los casos documentados. Por lo que el peligro sigue en pie, con todo y “Cambio”.

En homenaje, aquí las víctimas:

Juan Escamilla, 22 de junio de 2019, El Expreso de Cd. Victoria
Norma Sarabia, 11 de junio de 2019, de Tabasco Hoy.
Francisco Romero, 16 de mayo de 2019, de Ocurrió Aquí.
Telésforo Santiago, 02 de mayo de 2019, de Estéreo el Cafetal FM.
Omar Camacho, 25 de marzo de 2019, de Noticiero Altavoz.
Santiago Barroso, 15 de marzo de 2019, de Noticias Red, FM Río Digital.
Samir Flores S., 20 de febrero de 2019, de Radio Amiltzinko FM.
Reynaldo López, 16 de febrero de 2019, de Televisa Sonora.
Jesús Eugenio Ramos, 9 de febrero de 2019, de Nuestra Región Hoy
Rafael Murúa M., 20 de enero de 2019, de Radiokashana.
Gustavo Cruz, 20 de enero de 2019, de Comunicador Indígena CIPO-RFM.
Diego García, 4 de diciembre de 2018, de Semanario Morelos.
Jesús Alejandro M. 1 diciembre de 2018, de Orión Informativo.

Por cierto, que no se demanda exclusividad en el trato, solo justicia. Porque se está silenciando a los principales ejercitantes de la información para la sociedad. Más tratándose de un gobierno democrático. Lo peor es que la desatención se suma a los lastres herencia del pasado. De tal modo que los periodistas están pasando por la peor crisis de la historia, en materia de atentados contra la vida por el ejercicio de la profesión, entre las principales agravantes destacan: La persecución, los asesinatos, la impunidad siempre latente. Por si fuera poco, a la gravedad del ambiente caldeado se mantienen desempleo, los bajos salarios y hoy los despidos masivos en los últimos meses de los medios privados.

En general, el gobierno actual desoye los reclamos sobre la gravedad de la situación. Parece que López Obrador carece siquiera de un mínimo diagnóstico. Oídos sordos, como que la situación de los medios no es parte de la política de comunicación social del gobierno.

Continuará…