Con prácticamente cinco meses de ejercicio de las administraciones municipales en nuestro estado en un ejercicio de 24 meses en total, es decir, más del 20 por ciento del total de la administración, es inevitable darse cuenta que en todas y cada una de estas ciudades la incidencia delictiva ha crecido pero, más preocupante aún, la temeridad del actuar criminal también. Entremos de lleno al análisis de los números precisando que se realiza la comparativa en relación con los últimos 4 meses de los ayuntamientos que concluyeron en septiembre 30 de 2019 y los primeros 4 meses de las administraciones entrantes el primero de octubre, porque esa es la secuela no solo lógica sino adecuada, analizar el resultado en comparación con los meses anteriores. Los datos son de la Fiscalía General del Estado.

Como se observa, Tijuana es la única ciudad con decremento en la mayoría de sus índices delictivos pero también es una ciudad que, conjuntamente con Tecate, el actuar criminal es más temerario y más constante por la impunidad que se padece derivada de la ineficiencia e incompetencia del actuar policial.

Veamos dos casos.

Tijuana: hace una semana en pleno Paseo de los Héroes, a escasos 200 metros de donde se ubican las instalaciones del Poder Judicial Federal y aproximadamente a las 6 de la tarde, al interior de un restaurant de sushi ejecutaron a una persona con armas de fuego y los agresores huyeron como Juan por su casa; ¿cómo se explica la fuga si esa avenida está siempre congestionada en el tráfico vehicular y la vía rápida (en el caso de que el escape hubiese sido en sentido contrario) también?

Tecate: hace dos semanas aproximadamente en plena vía pública casi frente a la Iglesia de Guadalupe y a escasos 50 metros de la Presidencia Municipal ejecutaron a un funcionario municipal. ¿Cómo se explica que la policía municipal tardara en llegar a la escena siendo que en emergencia se ubica a un minuto su comandancia?

Podrá estar disminuyendo en Tijuana la incidencia delictiva -no en Tecate- pero en ambas ciudades está creciendo el temerario actuar criminal (acción y forma de ejecución), en detrimento de la seguridad ciudadana y de la estabilidad y paz social.

Hace algunos años en Tijuana (para ser preciso, en 2008) ante la elevada ola criminal que padecía esta ciudad la cual se había exacerbado durante el gobierno de Jorge Hank por los compromisos, componendas, arreglos y disimulos que hicieron las autoridades policíacas municipales (unas mexiquenses, otras sinaloenses) que debiendo combatir la delincuencia se aliaron con ésta para hacer fortunas millonarias, el secretario de gobierno de Jorge Ramos, asustado en lo personal, asustó a la población al mandarles un mensaje en el que la exhortaba a no salir de sus casas “salvo que fuera necesario”, lo que si bien era razonable y entendible no lo era viniendo del gobierno establecido pues si bien se puede entender que la autoridad también tenga miedo, no debe ésta dejarse vencer y mucho menos transmitirlo.

Pero lo dicho en 2008 lo retomó el actual secretario de Seguridad de Tijuana de apellido Ayón Monsalve al comentar hace unas semanas, ante las desapariciones que se han venido presentando de mujeres, ‘que no salgan solas, que avisen a dónde van, etc’, transmitiendo un mensaje de temor y debilidad a la ciudadanía en lugar de afirmar con firmeza y gallardía, con experiencia y estrategia, que no hay motivo de preocupación porque la policía está para cuidar a todos y, paralelamente, externar estrategias tanto de operación y reacción policial como de prevención personal.

Pero estos malos resultados y esta clase de dislates y desatinos aparecen cuando se llega a aprender en cualquier cargo administrativo y operativo, más en el quehacer policial: ante el no saber qué hacer, decir una serie de disparates.

Y no es algo que se deba permitir.

Aquí no aplica eso del ‘fuchi caca’

Aquí no aplica eso de ‘abrazos no balazos’

Aquí no aplica eso de ‘acusarlos con sus abuelitas o sus mamacitas’

Aquí lo que se requiere es el firme actuar de la autoridad policial, con estrategia y experiencia, pero sobretodo con firmeza y ciertamente con rudeza ante los criminales.

Aquí aplica, sí, el respeto a los derechos humanos, pero en primer lugar están los derechos humanos de las víctimas del delito, enseguida los de la autoridad policial y, finalmente, los de los victimarios.

Combatir, contener y disminuir la delincuencia no es cosa fácil, pero tampoco es algo para advenedizos, improvisados, o a los que les guste jugar a soldaditos, policías y ladrones, o a carritos chocones; requiere conocimientos probados y resultados comprobados, y no -insisto- buenas intenciones, ocurrencias, corazonadas o dislates.

Con esas características de ejercicio los resultados en el combate a la delincuencia se dan en muy corto plazo, máximo de tres meses. Si el tiempo pasa y no se logran la incapacidad policial está a la vista. Y, ante eso, hay que remover a los incompetentes.

Para López Obrador el combate a la corrupción ha sido uno de sus ejes rectores de gobierno y en Baja California habría que actuar en consecuencia, pues se es corrupto no sólo por recibir dinero sino y sobre todo, por ejercer un cargo para el que no se está preparado. Los resultados están a la vista y los números no mienten.