ANTECEDENTES
La historia del petróleo en México comenzó prácticamente desde 1876 en cuanto a la exploración, explotación, consumo y distribución. Llegaron varias compañías de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda que recibieron amplias concesiones para explotar los yacimientos petroleros.
Hacia finales de los sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz, la actividad en este ramo no era del todo significativa para el país, aunque ya representaba altos dividendos para las compañías y los países de donde provenían.
A inicios del siglo XX, la actividad petrolera se organizó en el golfo de México, en los Estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí, desde 1906 de manera intensiva.
Madero intenta imponerles a las compañías petroleras un gravamen de veinte centavos por tonelada de petróleo y les ordena que se registren y declaren el valor y la composición de sus propiedades.
El nuevo gobierno de Huerta se ve obligado a enfrentar la falta de recursos de la hacienda pública con un aumento de 65 centavos de dólar por tonelada de petróleo.
Con Venustiano Carranza como encargado del Ejecutivo, en cambio, se trabajó para estatuir un régimen administrativo que regulara la actividad.
Ya en el Plan de Guadalupe, en sus adiciones del 12 de diciembre de 1914, el constitucionalismo estableció la necesidad de una legislación petrolera nacionalista.
El 19 de marzo de 1915 se creó una Comisión Técnica del Petróleo para organizar la actividad del ramo en el país, que comenzó por establecer las relaciones del gobierno con las compañías que actuaban en el territorio.
En abril de 1916 ese organismo dio a conocer un informe que fijó la necesidad de que la riqueza del subsuelo se restituyera como dominio de la nación.
Lo anterior insidió radicalmente para que, en la Constitución de 1917, en el párrafo IV del artículo 27, se estableciera la restitución a la nación de los derechos de propiedad sobre el suelo y el subsuelo, relacionados con el petróleo.
Los impuestos consistían en una renta anual y 5% de regalías sobre todas las tierras petroleras explotadas por los propietarios de la superficie o sus arrendadores.
Los llamados Convenios de Bucareli de 1923, entre el gobierno de Obregón y los representantes estadounidenses, giraron en torno a la aplicación retroactiva de la ley en los ámbitos de minería y petróleo, pero también respecto a los impuestos que se aplicaban a las compañías norteamericanas.
Los pactos extraoficiales obligaron al presidente Obregón a disminuir impuestos y a retrasar la ley reglamentaria nacionalista del artículo 27
Ante la disminución de impuestos provenientes de la actividad petrolera y la actitud estadounidense de confrontación, el presidente Plutarco Elías Calles decidió acelerar la promulgación de la ley reglamentaria del párrafo IV del artículo 27 constitucional con el aval del Congreso de la Unión, que la aprobó en noviembre de 1925.
Allí se estableció que las compañías petroleras debían de renovar y confirmar sus concesiones, pagar más impuestos y sujetarse a las disposiciones legales.
Se encendió la querella de las empresas estadounidenses, británicas y holandesas con el gobierno, la cual se prolongaría hasta el sexenio de Lázaro Cárdenas.
SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA
Durante diez años, las compañías petroleras intentaron impedir la formación de sindicatos obreros, pero el 27 de diciembre de 1935 se fundó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que posteriormente sería parte fundamental de la Confederación de Trabajadores de México y, por lo tanto, se tuvo que acordar un contrato colectivo de trabajo que estatuyera los derechos de los petroleros, incluido el de huelga.
El 29 de enero siguiente se unió al Comité Nacional de Defensa Proletaria, predecesor de la Confederación de Trabajadores de México.
El 20 de julio de 1936, el sindicato de petroleros llevó a cabo su primera convención para presentar un proyecto de contrato general con todas las empresas del ramo, además de que llamaría a huelga para demandar su cumplimiento.
CONTRATO GENERAL
En noviembre de 1936 dicho sindicato emplazó a las compañías para negociar un contrato general que estableciera:
- Jornada semanal de cuarenta horas
- Pago de mejores salarios
- Cobertura por enfermedades
- Gastos por accidentes de trabajo, entre otros.
HUELGA GENERAL
La intransigencia de las compañías llevaría a una huelga general el 28 de mayo de 1937 que paralizó a la industria.
COMISIÓN DE PERITOS
Las petroleras dijeron que no contaban con recursos para sufragar las demandas de los trabajadores, pero una comisión de peritos concluyó que los beneficios de las compañías eran muy superiores y podían cubrir las demandas de los trabajadores.
JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
Las corporaciones enfurecieron y tuvieron que afrontar un juicio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre, cuyo resultado fue que tenían que erogar veintiséis millones de pesos de salarios caídos por la huelga de mayo, que había sido rota por la mediación del presidente Cárdenas.
DERECHO CONSTITUCIONAL
El mismo 1936, en noviembre, se dio a conocer la ley que reglamentaba el derecho constitucional del gobierno a expropiar, por causas de utilidad pública, empresas y propiedades en beneficio de la nación.
FERROCARRILES NACIONALES
La legislación fue aplicada en la expropiación de Ferrocarriles Nacionales de México en junio de 1937, con lo que se solucionó la huelga de los trabajadores que exigían el pago del séptimo día de la semana.
Esta ley sería fundamental para lo que sucedería en marzo de 1938.
LAUDO
La mañana del 18 de marzo de 1938, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje emitió un laudo con el que rescindió el contrato colectivo de trabajo entre las empresas y el sindicato petrolero, como una medida que solucionaría el conflicto obrero-patronal y para liberar de sus obligaciones a los trabajadores.
De inmediato, los representantes de las compañías acudieron con Cárdenas para decirle que cumplirían con el fallo de la Suprema Corte de Justicia y subirían los salarios de los obreros.
El presidente les contestó que ya era tarde y que se tomarían medidas extremas.
DECRETO DE EXPROPIACIÓN
El 18 de marzo, a las diez de la noche y apoyado por su gabinete, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión, Cárdenas del Río dio a conocer el decreto de expropiación de todos los bienes muebles e inmuebles que pertenecían a diecisiete compañías petroleras inglesas y estadounidenses que operaban en México.
Otto Feige (Alemania, 23 de febrero de 1882-Ciudad de México, 26 de marzo de 1969) fue un actor y novelista que escribió en alemán bajo varios seudónimos, entre ellos Traven Torsvan, Hal Croves, Ret Marut o el más reconocido B. Traven.
“ROSA BLANCA”
Es una película de 1961 con Ignacio López Tarso que llegó a ser censurada por el gobierno mexicano. Relata la codicia de las corporaciones extranjeras (En vísperas de la expropiación petrolera), su poco respeto por la dignidad humana al despojar y asesinar a la gente, con “La ley” a su favor, para apoderarse de sus tierras y así capitalizar el oro negro.
Por el Profr. José Luis Bobadilla Acosta
Taller de Historia de Tecate, A.C.
