En los últimos días, y a partir de la pandemia, se ha suscitado un debate interesante sobre las reglas por las que se rige la federación de la que somos parte, los Estados Unidos Mexicanos.

En teoría, y digo en teoría porque en el caso mexicano esta teoría no coincide del todo con nuestra historia, una federación se integra de estados libres y soberanos que deciden juntarse para integrar un ente político como el nuestro, y que se ponen de acuerdo en las reglas que adoptarán para su convivencia.

México no se integró de esa manera, más bien se definió primero un territorio nacional, y después, poco a poco, este territorio se fue dividiendo en estados y municipios. No podría abordar este proceso histórico en un artículo tan breve como éste cuyo objetivo es otro, por lo cual imploró la indulgencia del lector ante esta afirmación no del todo precisa.

El ordenamiento máximo que regula esta federación es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de ella se desprende la Ley de Coordinación Fiscal que establece, entre otras cosas, los términos en que la federación asignará recursos a los estados y municipios. Éstos le ceden al gobierno federal ciertas prerrogativas fiscales como cobrar el Impuesto Sobre la Renta, por mencionar solo una de muchas, y la federación le regresa una cierta cantidad de recursos según establece la ley.

El debate gira en torno a que esta ley debe ser modificada para corregir las fórmulas que se aplican en la asignación de los recursos. Algunos Estados generan más impuestos que los que le regresa la federación, y quieren buscar fórmulas más equitativas que las actuales. Ernesto Ruffo, primer gobernador de posición en la historia moderna de México, fue el primero en hacer este tipo de planteamientos que ahora retoman otros gobernadores. Me parece a mí que tienen razón los Estados que llaman a una revisión de la ley, y que conviene que se revisen los términos en que se coordinan en materia fiscal los Estados y los municipios con el gobierno federal.

El fondo de la discusión es contestar a la pregunta ¿para qué formamos parte de una federación? La respuesta es simple, para ser más fuertes. ¿En qué sentido? En todos. En el económico, en el militar, en el político por supuesto, y también en los servicios de salud cuya debilidad fue el detonador de este debate. Los Estados, que no han recibido lo que creen que debieran recibir para la atención de la pandemia, se preguntan para qué quieren un pacto federal si al final del día, están solos en una situación de emergencia como la que estamos padeciendo.

La pregunta es oportuna ante una nueva realidad global que estaremos conociendo en la época posterior a la cuarentena. Si estar confederados no nos hace más fuerte, ¿entonces para qué lo estamos?

Por Paco García Burgos, Consultor y analista político
paco@pacogarciaburgos.mx