Por Paco García Burgos, Consultor y analista político
No es de extrañar que después de más de 10 años de juicio interpuesto por el ayuntamiento de Tijuana contra el aeropuerto para que pague el impuesto predial, el presidente municipal haya tomado acciones por su propia cuenta. Ante un adeudo señalado por él mismo de más de 700 millones de pesos, y ante la dilación del juicio, el alcalde intentó hacerle justicia a su ciudad por propia mano. Bien por el presidente municipal.
La ley exime del impuesto predial a los inmuebles propiedad del gobierno federal. No hace excepciones. No distingue entre los inmuebles dedicados a la salud, o a la seguridad pública, o los que están destinados a oficinas administrativas, o a uso comercial. Me parece legítimo, legal y adecuado, que no paguen impuesto predial los inmuebles del gobierno, federal, estatal o municipal, cuyo uso sea la prestación de servicios públicos a la población. No creo que los hospitales del seguro social, o el hospital general, o los almacenes de vehículos de recolección de basura, o las comandancias de policía deban pagar predial.
Pero sí me parece que aquellos inmuebles con uso comercial deberían hacerlo. El aeropuerto, las gasolineras propiedad de Pemex, las centrales de autobuses, etc., deberían pagar los impuestos como los paga cualquier particular que tiene un negocio por el cual percibe ingresos. El aeropuerto es un negocio. No es una instalación de prestación de servicios públicos a los que está obligado el gobierno en virtud del pago de nuestros impuestos. Es un negocio.
Pudiéramos entrar en la discusión sobre si las pistas y las salas de abordar deberían ser sujetas del impuesto predial, y yo sostengo que sí, por la simple y sencilla razón que los usuarios pagamos para poder usarlas. El aeropuerto no está obligado a darle un servicio gratuito a nadie, como lo está la secretaría de salud, o el ministerio público, o los juzgados, por poner algunos ejemplos. Se le da el servicio a quien lo pague. Lo mismo digo respecto de las cafeterías y lugares de comida dentro del aeropuerto, son un negocio que le dan servicio a quien lo pague.
Además señala el alcalde que no tienen permiso de operación ni permiso de venta de bebidas alcohólicas, y podemos suponer entonces que tampoco tienen permiso de las instancias de salud para verificar la debida instalación de los lugares que venden comida. También eso se tendría que revisar.
Es momento que el legislador federal revise las previsiones de exención de pago del impuesto predial a inmuebles del gobierno federal en este sentido. Que se distinga en la ley que los inmuebles del gobierno federal que tienen un uso comercial, paguen impuesto predial y se sujeten a las leyes como lo hace cualquier particular que tiene un comercio. De esa manera se le hace justicia a los municipios haciendo posible un ingreso importante para ese orden de gobierno que tan necesitado está de recursos, y se empareja la competencia desleal que ello supone entre un comercio gubernamental y un comercio privado.
*LAS OPINIONES DEL AUTOR NO REFLEJAN LAS DE LA EMPRESA*
