Por: Lic. Francisco Castro Trenti
El presidente López Obrador ha admitido expresamente su fracaso en el combate a la delincuencia que inició desde el anuncio de la Guardia Nacional (creada con base en la extinta Policía Federal pero con mandos y tropas militares) al haber legitimado la participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública lo que no es otra cosa más que la facultad que ahora tienen para detener ciudadanos, desconociendo una de sus principales banderas (campañas electorales 2012 y 2018) que era regresar el ejército a sus cuarteles y evitar la militarización del país.
Es bien sabido que la milicia está capacitada para tareas de seguridad nacional y seguridad interior pero no para tareas de seguridad pública, lo que es competencia de las autoridades locales sean estatales o municipales. Hay múltiples ejemplos en todo el país de que cuando militares se hicieron cargo de Secretarías de Seguridad Pública estatales o de Direcciones de Policía municipales, sus fracasos fueron evidentes y sus actos de corrupción también. Son muchos los casos de militares que al haberse hecho cargo de corporaciones policiales terminaron en prisión por haberse confabulado con la delincuencia organizada.
A nivel federal han sido visibles diversos actos de corrupción de militares involucrados en las tareas de los civiles y ejemplos sobran, dentro de los que sobresale el General Gutiérrez Rebollo y el General Gallardo entre otros. Además, muchos miembros de las fuerzas armadas han sido arteramente asesinados desde que inició con Felipe Calderón su inclusión regular y cotidiana en el combate a la delincuencia organizada; durante su mandato, muchas veces anunció el regreso de los militares a sus cuarteles ante la evidente falta de resultados. En mi libro “Que la nación se lo demande. Cronología de la fallida guerra presidencial contra el crimen organizado 2006 – 2012”, señalo: “el presidente Calderón ha dicho que el ejército pronto saldrá de las tareas de combate a la delincuencia para dejar a las corporaciones civiles el cumplimiento de su responsabilidad, lo que resulta lógico porque el valor de cambio del actuar militar tiene corta vida. No podrá durar mucho la credibilidad de la efectiva participación militar cuando se siguen presentando privaciones de libertad, secuestros, y otras conductas de alto impacto. Si así fuera, no tendremos ya instancia superior. Y no se puede correr el riesgo.”
En ese tiempo (2006 – 2012) fueron arteramente asesinados muchos mandos superiores, con rango de General inclusive. De la obra citada, transcribo: “la muerte del General Mauro Enrique Tello Quiñones en Cancún el pasado 3 de febrero -2009-, constituye otra grave afrenta al presidente Calderón. Ya se había dicho en diciembre del año pasado por el Comandante de la IX región militar General Enrique Alonso Garrido Abreu, cuando en Guerrero fueron decapitados ocho elementos de las fuerzas armadas –en sus honras fúnebres en la 35 Zona Militar-, que “este lamentable hecho constituye una grave ofensa a las instituciones en su conjunto y especialmente a los que vestimos el uniforme castrense; fue un grave error de los delincuentes este atrevimiento.” Y si bien es cierto fue una grave ofensa, no hubo respuesta oficial contundente a tan despiadado hecho. Ahora sucede en Quintana Roo, donde con saña excesiva fueron muertos el General Tello, otro militar, y un civil. ¿Cuál será, ahora, la respuesta del gobierno?”
En el gobierno de AMLO los militares han sido expuestos a vejaciones y humillaciones; han sido arteramente agredidos, golpeados y vituperados acatando la torpe instrucción presidencial de ‘abrazos, no balazos’, en donde ha habido un gran atrevimiento y temeridad por parte de los agresores al ponerse al tú por tú con la milicia en algo que no debió tolerarse, permitirse, ni justificarse de modo alguno. A eso me refería cuando hace poco más de diez años escribí que no tendríamos instancia superior -la milicia- y que no se podía correr el riesgo.
Para AMLO, quien siempre afirmó que en el corto plazo resolvería este grave flagelo a la sociedad, la culpa es de otros pero no de él no obstante que lleva 17 meses despachando en Palacio Nacional (¿alguna diferencia con Los Pinos?). Ha recortado dramáticamente diversos fondos y aportaciones que se entregaban a estados y municipios para fortalecer sus estrategias policiales de prevención, acción y reacción para transferirlos a sus programas clientelares con fines político – electorales y considera ahora, ante su evidente fracaso por el crecimiento descomunal de la delincuencia no solo en cantidad de hechos delictivos sino en temeridad, que la presencia militar en las calles con facultades, incluso de detención, será el remedio bajo la vanguardia de una Guardia Nacional que no funciona . Nada más equivocado que ello.
He sostenido en múltiples foros que el esquema de seguridad y justicia nacional, estatal y municipal requiere de una transformación profunda para ser eficiente y eficaz y esto no lo da el sólo cambio de nombre de las dependencias sino y sobre todo, una gran inyección de recursos económicos para fortalecer sus herramientas básicas de acción, contención y reacción pero sobre todo, de prevención (además de educación contínua). El fortalecimiento de programas comunitarios de prevención del delito y el involucramiento de la sociedad en su entorno de vivienda y laboral es una primera pauta a la que se le debiera dar continuidad en lugar de que como generalmente sucede, se trunquen los avances por cuestiones político – partidistas que solamente generan retrocesos, desánimo y desconcierto ciudadano y alientan a los delincuentes en sus hábitos criminales.
En el momento en que se deje ver el gran problema de seguridad como un asunto político y se trate como lo que es, un asunto de profesionales (no de académicos de escritorio que mucho critican y poco aportan), los resultados comenzarían a ser no solo visibles sino constantes y sostenibles. Pero en tanto se le siga dando el tratamiento publicitario de juntas diarias innecesarias, irrelevantes, estériles, anodinas y rutinarias, los problemas seguirán siendo peores.
Felipe Calderón trató de dar una buena batalla a la delincuencia desde el inicio de su gestión (Operativo Michoacán y Operación Tijuana) pero a finales de su cuarto año de gobierno (el magnicidio de Mouriño cuando fue derribado su avión XC-VMC) fue que comenzó a hacerse más visible el fracaso de su estrategia (el clímax fue el ‘accidente’ de mi paisano Pepe Blake cuando cayó su helicóptero que había salido de Los Pinos); no quiso cambiar el rumbo y sostuvo contra viento y marea a su principal estratega, Genaro García Luna, y a la vista están las consecuencias -de entonces y ahora-.
López Obrador pulverizó a una funcional -con sus bemoles- Policía Federal, creó la Guardia Nacional con sus integrantes adicionándola con muchos elementos castrenses, inició reuniones de seguridad en todo el país todos los días a las 7 horas (informativas, no de planeación o diseño de estrategias), ha expuesto a las fuerzas armadas a todo tipo de vejaciones y descrédito, y ahora los ha facultado de manera casi plenipotenciaria (su participación en tareas de seguridad de manera ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria’) para ejecutar tareas de seguridad pública que no les corresponde.
Si a Calderón le llevó casi 48 meses que el tema de seguridad se le saliera de control, a López Obrador le bastaron sólo 18; un gran fracaso para el que sabía todo, de todo.
Ahora, con las facultades extremas concedidas, para él la culpa será de otros y los ciudadanos de bien habrán de resentir las consecuencias…
*LAS OPINIONES DEL AUTOR NO REFLEJAN LAS DE LA EMPRESA*
