En situaciones de crisis como en la que se metieron los diputados del Congreso Local y el gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, es importante hacer un análisis frio de la situación, evaluar la posición en la que uno se encuentra, y trazar una ruta de salida.

Los diputados del Congreso Local están en la posición más débil. Han tomado decisiones que solo enturbian la percepción que hay de ellos. La forma en que hicieron la declaratoria de la modificación constitucional fue desaseada y en algunos aspectos ilegal, por decir lo menos. Se fueron a sesionar fuera del recinto oficial y lo hicieron en las oficinas de Rosarito, las de uno de los tres gobiernos municipales que votaron a favor de la antidemocrática reforma de 2 a 5 años para el período del gobierno ya electo. Citaron a una reunión con un orden del día y concluida ésta, citaron a la siguiente para la declaratoria. No sirvió de nada el exhorto del Congreso Federal de no seguir adelante con esta intentona ilegal. Podían haber esperado a que votara el ayuntamiento de Tijuana, después agotar los tiempos del proceso constitucional para bajar la tensión nacional que provocaron y con las aguas más calmadas, replantear sus decisiones.

Para ellos no será fácil salir de esta crisis. Concluido el proceso de modificación constitucional en lo que a ellos toca, a partir de esa sesión del Congreso, el asunto está en manos del ejecutivo, deberían salirse de la discusión pública, enfrentar el rechazo popular que se han ganado y prepararse para los procesos de juicio político y de investigación por actos de corrupción a los que estarán sujetos los siguientes meses.

El gobernador electo es visto como el instigador de esta medida que metió al propio presidente de la República en un problema innecesario, a menos que sea correcta la teoría de que lanzó un ensayo de algo que trae en mente hacer para prolongar su mandato. Se le adjudica la autoría a grado tal, que se ha bautizado a esta aberración jurídica como “Ley Bonilla”. Es momento de asumir que su deseo de ampliar su período de gobierno es imposible de lograr, tanto en lo jurídico como en lo político. Tomar plena conciencia de esa realidad lo llevaría a tres acciones: 1. Cesar cualquier acción que tienda a mantener este intento de modificación del período; 2. Salirse de la discusión pública  declarando que estará atento y respetuoso de las decisiones institucionales que tome el poder judicial en este tema sin salirse de ese guio, y 3. Evaluar con atención a su equipo de trabajo para sacar de él a quien lo metió en esto asegurándole el éxito político y jurídico de la medida. Quien lo haya metido ahí, le mintió a todas luces con tal de darle gusto y de decirle al gobernador electo lo que quería oír, en lugar de aconsejarle aquello que le conviene como debe hacer un colaborador leal y experimentado.

En política como en la guerra, hay que saber cuándo hay que retirarse estratégicamente de una batalla que no puede ganarse. Este es el momento en el que se encuentra el gobernador electo.

Paco García Burgos
Consultor y analista político
paco@pacogarciaburgos.mx

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