Sostengo que la impunidad es el problema más grande que tiene México. Es un nido en el cual se anidan la corrupción, la pobreza, el homicidio, el narcotráfico, hasta el pasarte un semáforo. Ese es el nido del “No pasa nada”. En Baja California se denuncian 1 de cada 10 delitos cometidos, o sea que los otros 9 nunca tendrán oportunidad de ver la justicia. Y del 1 que se denuncia, el 0.1 llega a una sentencia. Esto es un drama nacional que debe terminar para que podamos avanzar a mejores niveles de paz y justicia.

El caso de Emilio Lozoya sin duda fortalece el estado de derecho y debilita la impunidad. Se le acusa de dos asuntos que juntos suman 300 millones de dólares, aproximadamente 5,700 millones de pesos. Solo para tener una referencia, el presupuesto del gobierno municipal de Mexicali para 2019 fue de 3,900 millones de pesos. Es decir, que al Señor Lozoya se le acusa de haberse metido a los bolsillos 47% más de lo que el gobierno de Mexicali gasta en un año para cubrir recolección de basura, seguridad, alumbrado público, etc. Y eso solo en dos operaciones. Vaya usted a saber cuánto más está en sus cuentas por las cuales hasta su mamá está en un proceso judicial en Alemania.

No importa si el gobierno lo detuvo por un asunto de imagen, o si es una cortina de humo, o una cacería de brujas, o una pantalla, o por cualquier otra razón que nos sugiera el imaginario sospechosista colectivo. Lo que importa es que el señor está detenido y que ha iniciado un proceso de extradición que habrá que ver en dónde termina. Ya alguien dijo que Lozoya no se mandaba solo, mensaje que seguramente recibió Enrique Peña Nieto.

La detención de Lozoya, la de Rosario Robles, la de Juan Collado y muchas otras, parecieran indicar que el gobierno tiene la determinación de investigar y encontrar a los culpables del saqueo que sufrió el país en el régimen peñanietista. Ojalá así sea.

Quedan muchos pendientes en la lucha contra la impunidad, uno de ellos es juzgar a quienes detentan el poder, no solo a quienes ya lo dejaron. Es decir, pareciera que en México no se detiene a los servidores públicos mientras ocupan un cargo en el gobierno, ya sea de elección popular o de designación. Se dicen muchas cosas de funcionarios mientras ocupan su cargo, gobernadores, presidentes municipales, directores de paraestatales, legisladores, etc. Pero en el mejor de los casos tienen consecuencias hasta después de que lo dejan, y eso solo a algunos. Valdría la pena que el gobierno se aplique a dar con algunos para que el resto entienda que no tendrán tiempo para disfrazar su corrupción, sino que podrían tener consecuencias mientras están en el cargo.

La impunidad: Cáncer de México. Bien por la detención de Lozoya.

Consultor y analista político
paco@pacogarciaburgos.mx