Es evidente que hay intereses particulares que van más allá de los del pueblo, por alguna razón se mantiene la idea que los delitos del orden común han bajado en Tecate, solo por la razón que la gente no denuncia, según cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), realizada por el INEGI, la llamada cifra negra (Delitos no denunciados) en nuestro país fue en 2017 del 93.2%, esto quiere decir, que en nuestro país no son denunciados alrededor de 93 de cada 100 delitos que se cometen.
Según la encuesta, el año pasado se cometieron un total de 33.6 millones de delitos, lo que resultó en una tasa de concentración de 1.3 delitos por habitante, de lo cual se puede inducir que un gran número de personas fueron víctimas de más de un delito en el periodo de un año. Dicha cifra resultó también en una tasa de 39 mil 369 delitos por cada 100 mil habitantes.
Por otro lado, si observamos por tipo de delito tenemos que las cifras negras fueron: Delitos sexuales y delitos a la propiedad ajena con un 98.3%; Extorsión con 98.2%; Fraude con 95.5%; Robo parcial de vehículo con 95%; Secuestro con 94.1%; Robo o asalto en la calle o en el transporte público con el 94.1%; Amenazas verbales con el 90.4%; Robo en casa habitación con un 89%; Lesiones con 85.7% y Robo total de vehículo con 32.5%.
Esta variabilidad respecto al robo total de vehículo respecto a otros delitos probablemente se daba a que las aseguradoras exigen a la víctima que levante una denuncia como requisito obligatorio para hacer válido el seguro.
Es decir, lo que se puede observar es que en México las víctimas no denuncian, las razones, en su mayoría, están relacionadas a cuestiones atribuibles a las autoridades. Según la encuesta, el 64.5% de las razones por las que no denuncian están relacionadas a las autoridades, destacando principalmente, la pérdida de tiempo, con un 34.2% y la desconfianza en la autoridad, con un 16.5%.
Por otra parte, el 35.1% no denunció por miedo al agresor, por falta de pruebas o porque percibía que el delito era de poca importancia. Con todo y el bajo índice de denuncias, tenemos que más de la mitad de las averiguaciones y carpetas de investigación no dieron ningún tipo de resultado. En ese sentido, tenemos cifras aún más escandalosas, ya que como decíamos, solo el 10.4% del total de los delitos cometidos son denunciados, de ese porcentaje, 34.7% no derivan en una carpeta de investigación, mientras que el 65.3%, sí se traducen en carpetas de investigación; Sin embargo, de ese 65.3%, el 55.9% no resulta en nada, el 21.3% sigue en trámite; el 7.9% recuperó sus bienes; el 4.2% se puso al presunto delincuente a disposición de un juez; 2.9% hubo reparación del daño y, finalmente el 2.2% otorgó el perdón.
Estas cifras muestran no solo los niveles de inseguridad que vive nuestro país, sino que dejan ver algo aún mucho peor: El deterioro, la ineficacia y la desconfianza de nuestro sistema de justicia, que se traduce en un ambiente de completa impunidad. En México se puede cometer un delito con una bajísima probabilidad de ser denunciado y posteriormente castigado, a eso se le llama formalmente ausencia de Estado de Derecho (Origen de la nota Plumas Atómicas).
Tomando como base las estadísticas oficiales que se transmiten a través de un medio informativo, que afirman que los ciudadanos por diferentes circunstancias no denuncian, nos demuestra lo que pasa en Tecate donde los preventivos municipales con tal de no integrar el IPH (Informe Policial Homologado), que como primer respondiente debe informar al Agente del Ministerio Público del Fuero Común o Federal sobre los hechos que ocurrieron, un total de 12 hojas, escritas a mano, que deben demostrar ante el juez de garantías que son fidedignas, prefieren contra derecho, “Arreglar el problema en campo” y sino se citan a las personas en conflicto ante el Juez calificador para “Arreglar” el asunto, quien curiosamente interviene contra derecho y facilita según el interés monetario o de recomendación lo que ilícitamente no tiene la autoridad para intervenir, ya que de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de la posible comisión de un delito, el primer respondiente, por lo regular lo es la preventiva municipal, entre otras corporaciones del orden público, como lo serian la Policía Estatal Preventiva, la Policía Federal Preventiva, ahora la Guardia Nacional, Ejercito Nacional o la Armada de México, que deben integrar el IPH, que la mayoría de la ciudadanía no lo sabe y que permite por solo hecho que los delincuentes salgan bajo caución en proceso, o en su defecto no se reúnan los elementos probatorios para seguir con una investigación, esto es en el caso de Tecate.
La policía municipal encontró la forma, ante la ignorancia de la gente, de no hacer su trabajo conforme a derecho, lo que significa una acción irresponsable e ilícita que debería ser denunciada ante la Sindicatura Municipal y en defecto ante el Agente del Ministerio Publico del Fuero Común o Federal, lo que está creando una clima de impunidad promovido por quienes deben hacer su trabajo y en su caso por quienes no deben intervenir por no tener la autoridad para hacerlo, en este caso los jueces calificadores, que por alguna razón equivocada se creen parte de la policía municipal y hacen “Arreglos” contrarios a la ley y el orden, en este punto por alguna razón no avanza el reglamento para la integración de los jueces cívicos y se permite la permanencia de los jueces calificadores, esto es un acto de negligencia del Cabildo de la Ciudad, de la misma administración municipal de Tecate, para realizar reformas al Bando de Policía y Buen Gobierno, para obligar por disposición del orden jurídico municipal para que la preventiva haga su trabajo y no se sigan realizando estadísticas equivocadas de la reducción de los delitos porque la gente no denuncia.
Que Dios los Bendiga.
