En ruta frontal y directa no sólo a un nuevo año sino a una nueva década, debemos  reflexionar en materia de seguridad y justicia respecto si hubo avance o retroceso en la que está por concluir puesto que han transitado tres Presidentes de la República; inició con Felipe Calderón de antes de 2010 a 2012, continuó con Peña Nieto de 2012 a 2018, y ahora con López Obrador de 2018 a 2019 y hasta 2024. Anterior a ellos, los resultados fueron consistentes e, incluso, Fox tuvo mejores que los de su antecesor Ernesto Zedillo.

Iniciemos el recorrido.

Hemos comentado en anteriores ocasiones que Calderón realizó una profunda reforma penal por exigencia del gobierno norteamericano, quienes a través de la Iniciativa Mérida le entregaron millones de dólares para sostener y soportar su fallida guerra contra el crimen organizado, y para implementar precisamente en 2008 con inicio de vigencia en 2016 un nuevo sistema de justicia penal -hoy vigente-, con el objetivo primordial de que hubieran menos encarcelamientos -con millonarios ahorros para el Estado- y más procesos en libertad de los imputados o encausados al reducir de manera drástica el catálogo de delitos graves para dejar solo unos cuantos con prisión preventiva obligatoria. Esto generó una enorme puerta giratoria (entrar – salir – entrar y volver a salir, sucesivamente- que trajo de manera indudable un incremento sustancial en la incidencia delictiva. Si bien Calderón concluyó en 2012 su gestión, a Peña Nieto le tocó la implementación de este sistema y asumir las consecuencias de su ineficacia, haciendo remiendos y parches constitucionales para tratar de endurecer la norma penal, pero el daño ya estaba hecho. Incluso, hubo múltiples casos de universidades que no modificaron su plan de estudios en la licenciatura en Derecho y continuaron educando con el sistema tradicional, lo que le valió a muchos graduados haber perdido cuatro años de educación universitaria porque su plan de estudios fue bajo el encuadre de un sistema legal que pronto entró en desuso.

Así, Calderón inició la década continuando con la guerra que declaró en diciembre de 2006 a la delincuencia organizada en su estado natal, Michoacán, la cual desplegó en enero de 2007 en Baja California y de ahí continuó al resto del país. Esa estrategia presidencial que fue al inicio muy esperanzadora, fracasó porque se desató una cruenta guerra entre carteles -que a la postre generó miles de muertes violentas-, en la que, incluso, fue derribado por la delincuencia organizada en noviembre de 2008 el Learjet 45 XC-VMC en el que viajaba el entonces Secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño y el ex titular de la SIEDO José Luis Santiago Vasconcelos entre otros, como venganza por la captura del “Rey” Zambada y su hijo en la ciudad de México en septiembre de 2008. A partir de estos dos sucesos fueron encarcelados algunos mandos superiores tanto de la hoy desaparecida SSPF y de la Policía Federal por actos de corrupción. Hay que precisar que el fracaso fue no sólo por la elevada cantidad de muertes sino porque el encargado de implementar la estrategia era el titular de dicha SSPF Genaro García Luna, un Ingeniero Electromecánico convertido en policía que ansiaba tener el mando policial de todas las policías del país a través de la implementación del mando único; por ello, todas -o casi todas- las patrullas policiacas preventivas del país están balizadas de única forma y son idénticas entre sí. (Hoy ya sabemos de la captura de García Luna pero de eso hablaremos en artículo posterior.)

Entonces, Calderón fracasó con su estrategia de guerra pero Peña Nieto no tuvo más que continuarla por la transición hacia un nuevo sistema de justicia penal impuesto prácticamente por el gobierno de Estados Unidos, y ahora, con un año de ejercicio constitucional de López Obrador no se distingue estrategia alguna por la que se pueda vislumbrar un cambio de rumbo, que no significa otra cosa más que la disminución paulatina de la criminalidad. Al contrario, de manera alarmante y temeraria, grupos delincuenciales han retado al gobierno en sí y como ejemplos hay varios, pero el que predomina en el colectivo social es el gran fracaso de Culiacán sin que ello haga que se olviden las innumerables vejaciones a elementos del ejército en diversas zonas del país, en donde han sido golpeados, desarmados, detenidos, vejados y humillados. Y eso no es mas que consecuencia no de una fallida estrategia anticrimen sino la carencia de ella.

Estando apenas en los albores del segundo año del mandato presidencial, es necesario que el presidente rectifique el rumbo y de un golpe de timón, en donde la primero que debiera hacer es remover al titular de la SSPF, Alfonso Durazo, artífice de las juntas diarias de seguridad -se supone que en todas las ciudades del país-, que son una verdadera pérdida de tiempo porque se reducen a ser reuniones informativas de sucesos relevantes, pero en las que de ningún modo se analizan estrategias, resultados, trabajos de coordinación interinstitucionales, etcétera, pues esos temas son motivo de otras reuniones.

Pero si en el país las cosas no han marchado bien en la década que está por concluir, en Baja California tampoco.

El año 2010 inició siendo gobernador Osuna Millán, y a partir de 2013 con Kiko Vega. Osuna recibió la administración con una muy elevada incidencia delictiva con predominancia en Tijuana pues coincidió en sus últimos tres años con Jorge Hank como alcalde, quien importó funcionarios del entonces DF para hacerse cargo de la SSPM, que luego fueron relevados por dos sinaloenses avecindados en Tijuana; los cuatro personajes lo menos que hicieron fue combatir la delincuencia y ésta creció dramáticamente por las componendas, contubernios y disimulos de quienes teniendo el deber de combatirla, se aliaron para hacer fortuna. (Detalles en mi libro “La Mano de Dios. Casos forenses de la vida real”. 2006. Ediciones Gíglico).

Si bien Kiko Vega (KV) bajó aproximadamente un 13 por ciento la incidencia delictiva que recibió de Osuna Millán, la percepción ciudadana de decepción y desconfianza rebasó con mucho la misma percepción de la administración estatal anterior. Así como era de frívolo KV en el manejo de su administración, en seguridad y justicia no fue la excepción: se limitaba a convocar a juntas mensuales kilométricamente maratónicas en las que echaba una perorata de aquéllas esperando que le endulzaran los oídos, lo que nunca fue mi caso. Al contrario, optó por cambiar el formato de estas para evitar mi inquisitoria presencia pues hacía ver las fallas operativas de sus ineficientes instituciones (PGJE y SSPE), indicando que los alcaldes asistieran solos a esas reuniones.

Y llegamos así al gobierno actual de Jaime Bonilla, con apenas dos meses de ejercicio. Si bien es cierto es muy corto tiempo, los resultados no han sido buenos porque la estadística delictiva que ahora publica la Fiscalía General del Estado refiere aumentos delictivos en los cinco municipios del estado a partir de la conclusión de los alcaldes anteriores.

Sí, dos meses son cortos para evaluar resultados pero en seguridad y justicia no se puede llegar a improvisar, experimentar o aprender pues, al contrario, los resultados deben darse de inmediato. No puede ni debe perderse tiempo. Me canso ganso que así es.

Esperemos, pues, que la década que está por iniciar mejore con creces, y rapidito, la que está por terminar, en combate a la criminalidad y en eficiencia y eficacia de resultados.

A las pruebas me remito y aquí, sin duda, las estaremos comentando con usted.