Por: Claudia Rosales

En nuestro Estado, específicamente en Tecate, comparecer en una audiencia pareciera un tema más complicado que el rodaje de una película en Marte.

Les cuento:

Soy sobreviviente de un feminicidio. El ataque se suscitó en el 2008 cuando el feminicidio aún no estaba tipificado, por lo que se sentencia al agresor bajo: “homicidio en grado de tentativa en razón del parentesco no consanguíneo”

La condena para el agresor por ser la primera vez que lo intentaba y menor de 40 años cumplidos, fue de 17 años y 8 meses.

Cualquier pensaría que, dado que es una sentencia corta, el Estado establecería los marcos jurídicos para proteger a la víctima, dada la naturaleza del crimen, pero no fue así.

En octubre de 2019 el agresor solicita un beneficio de preliberación y desde esa fecha hasta el día de hoy todo se ha convertido en una odisea donde aparte de revictimizarme, no se cuenta con la coordinación o los elementos adecuados para desahogar el proceso como “Dios manda”, o en este caso como debiera ser.

Cada audiencia ha terminado por convertirse en un calvario.

La primera vez, no me notificaron y me enteré de rebote. Si yo no me hubiese enterado, el agresor muy probablemente estaría en las calles, debido (por lo que pude atestiguar) a lo viciado que estaba el proceso en la anterior administración.

A partir de ese momento, la fiscalía solicita que el Tribunal me notifique cada vez que el sentenciado solicite algún recurso y que se fijen fechas de audiencia.

He de reconocer que el juez desecha que se lleve a cabo la audiencia, después de una muy valiosa y acertada defensa por parte de mi fiscal.

Se dan entonces varias fechas, donde desde abril hasta el día de hoy, he asistido en tiempo y forma a cada una de ellas; acompañada siempre por la fiscalía y mis asesores jurídicos.

Ninguna de estas veces, hemos fallado. Ninguna de estas veces, hemos salido con pretextos o improvisaciones para solicitar diferimientos o suspensiones (excepto una vez, por tema de pandemia)

Quiero compartirles, en este aspecto mi sentir, transmitirles la angustia y el miedo que siento cada vez que se va a desahogar una audiencia.  Los días anteriores, desde que dicen la fecha, comienzo a temblar y estoy nerviosa, enfocando de nuevo mi energía en este suceso que debió haber terminado aquel 2008 con una sentencia fija, sin perturbar mi paz y la de mi familia.

Prepararse emocionalmente para una audiencia implica dejar de enfocarme en mis actividades diarias y profesionales con la misma intensidad que de costumbre.  Ir con mis abogados, convocar a los medios para solicitar que el juez ponga atención al peligro que representaría si el agresor, es liberado con anticipación.

Y al llegar a las audiencias, donde repito me he presentado SIN PRETEXTOS, en tiempo y forma, he observado que el juez NUNCA se ha pronunciado con respecto a Ley General de Víctimas.

Misma que el órgano máximo (Suprema Corte de Justicia de la Nación), determinó que fuera establecida como OBSERVANCIA OBLIGATORIA para todas las entidades.

Yo, como víctima veo que no se toma en cuenta y cada audiencia se convierte en una revictimización.

Si de por sí, no duermo, mis hijos se perturban emocionalmente y llego a la audiencia para darme cuenta que en todas las ocasiones, pareciera ser que el juez olvida que el sistema de justicia se compone de dos partes: La víctima y el victimario.

Soy testigo de cómo el agresor, ha manipulado al sistema de justicia a su favor.  Ha manejado las audiencias y al aparato de justicia, a su antojo.

Entiendo, como ciudadana, que el victimario tiene derechos; pero sus derechos terminan donde comienzan los de la víctima.

Hago público mi llamado al juez de ejecución penal Omar Luna Herrera, para que se apegue a la Ley General de Víctimas.

Una vez más, estoy en un sube y baja emocional y sintiéndome vulnerada porque desde febrero de este año (2020) el sentenciado solicita otro beneficio preliberacional, al parecer bajo otro recurso de ley.

Estamos en el mes de noviembre y desde la audiencia fijada para marzo de este año, hasta la fecha, he seguido presentándome como desde el principio: En tiempo y forma a cada una de las fechas fijadas para audiencia, donde SIEMPRE, terminan por diferir o suspender.

Hago hincapié: Debido a la habilidad del agresor para manipular al sistema ¡y me parece increíble que el aparato judicial no se percate de ello!

La semana pasada esa audiencia, se tendría que haber desahogado, pero al parecer al sentenciado no le satisfizo el defensor de oficio que le asignó el Estado, y solicitó en la audiencia misma que le asignaran, para ese mismo día uno que “le llenara el ojo”.

Cualquiera pensaría que el juez decidiría dejarle el defensor de oficio asignado, ¡pero no! Si le consiguieron otro y en tres horas, la nueva defensora tomó cartas en el asunto.

Para sorpresa de todos, no nos habían corrido traslado de unos documentos que ofrecieron como prueba y entonces el juez una vez más, difiere audiencia para el día de ayer (10 de noviembre de 2020).

Después de esperar tres horas, da inicio la audiencia, sin la presencia del sentenciado; y entonces el juez, Omar Luna Herrera, da lectura a un oficio de parte del CERESO donde se nos informa que el internet está fallando y por tal razón la audiencia se vuelve a diferir, fijando como nueva fecha el 17 de noviembre de 2020 a las 11:00 am. (Las audiencias son virtuales, por tema COVID)

Pareciera, que las fallas son recurrentes.

A veces pienso que los sentenciados tienen más posibilidades de acceder a ciertas maniobras para lograr que el aparato de justicia, “por angas o por mangas”, logre concederles sus peticiones; mientras yo sigo en una montaña rusa de emociones una y otra vez.

¡No quisiera pensar que se trata de misoginia! máxime en un Estado donde la violencia contra las mujeres aumenta a pasos agigantados.

Mi recorrido es desde la perspectiva de la víctima y por lo mismo, he estado al pendiente de mi asunto y he sido testigo de las posturas y filosofías de cada una de las administraciones.

Sé que el gobernador del Estado, se ha manifestado en contra de este tipo de prácticas, donde se vulneran los derechos de las víctimas y que se buscan cambios profundos donde prevalezca la justicia.

Sé que el Congreso del Estado tiene la tarea de endurecer las leyes a este respecto (violencia de género).

Recordemos que hace apenas unas semanas, en nuestro Estado (en la ciudad de Mexicali), un juez no fijó prisión preventiva a un agresor, por considerarlo una medida excesiva.

La fiscalía solicita la prisión preventiva, presentando pruebas y exhibiendo las amenazas grabadas.

El defensor de oficio del imputado, consideró que era en la propia victima en la que recaía la responsabilidad de terminar con el círculo de violencia, y así se lo hizo saber al juez.

Al parecer, el juez prestó atención al defensor de oficio y tuvo oídos sordos para la fiscalía y para la víctima.

¿El resultado? Una amenaza cumplida que terminó con la vida de Verónica Martínez.

Si seguimos callados ante este tipo de acontecimientos donde está en juego la vida de una persona, estaremos concediendo mayores beneficios para los criminales, dejando desprotegidas a las víctimas.

Quiero cerrar este artículo, solicitando una vez más (porque se ha omitido en todas las audiencias) que se OBSERVE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS, por parte del Juez que tiene en sus manos la paz, la tranquilidad o hasta probablemente, mi vida y la de mis tres hijos.

-LAS OPINIONES DEL AUTOR, NO REFLEJAN LAS DE LA EMPRESA-