No he encontrado en internet algún caso en el que se haya modificado el período de gobierno después de la elección, ni a nivel federal, estatal o municipal, ni en México ni en ningún otro país. Lo que sucedió esta semana en el Congreso del Estado de Baja California parece un hito en la historia política reciente.

Desde el año pasado se abrió una discusión sobre la modificación del término para el cual los gobernantes del Estado serían electos, es decir, cambiar de 2 a 5 años. En repetidas ocasiones este intento fue rechazado por la vía electoral. Sin embargo, evidentemente esa intención no cesó con la elección. El lunes pasado el Congreso del Estado aprobó una modificación que no era legalmente posible antes de la elección por la prohibición de hacer cambios a los temas electorales una vez iniciado el proceso, mucho más claro está que no se pueden modificar temas electorales respecto de una elección ya celebrada como es el caso. Es como si el Congreso de la Unión cambiara la fecha en la que terminará el gobierno del Presidente López Obrador de 2024 a 2030, o a 2022, o a cualquier año según su gusto. Pareciera broma pero no lo es. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esta modificación es procedente, se abrirá la puerta a cambios legales de este tipo.

Dicen algunos que a los Diputados les hicieron una oferta que no podían rechazar, y que consistía en puestos en el gobierno del Estado, candidaturas futuras en Morena, y posiblemente hasta un millón de dólares en efectivo según denunció el Diputado Benjamín Gómez unos días antes de la elección. La verdad es que eso nunca lo sabremos a ciencia cierta, solo será producto del sospechosismo mexicano. Vaya usted a saber.

Lo que es cierto es que los 21 Diputados de todos los partidos menos del PBC, tuvieron alguna motivación para enfrentar las consecuencias de un voto a todas luces ilegal, antidemocrático, tramposo y hasta traidor como señalan algunos.

Ya el PAN y el PRI informaron que enviarán a sus comisiones de orden a los Diputados que votaron a favor de tan inaudita modificación constitucional. Movimiento Ciudadano ya expulsó a su Diputado. No así Morena, el PT o Transformemos. Evidentemente los representantes de esos partidos son los más beneficiados con el cambio.

No sabemos lo que pudo haber movido o no, el Gobernador electo Jaime Bonilla. Su actuación queda en el ámbito de la sospecha. Lo que sí sabemos es la actuación de los Diputados. El contrapeso que debería ser el legislativo respecto del ejecutivo, está anulado como se preveía. El respeto al estado de derecho, como en muchos otros temas de la 4T, ha quedado hecho pedazos. El voto del pueblo ha sido ignorado. La división de poderes, al menos entre el legislativo y el ejecutivo es letra muerta. En pocas palabras, el atentado a nuestra democracia ha sido contundente. Su futuro está en manos de la controversia constitucional que interpongan los partidos, y en el contrapeso que la sociedad pueda generar en los siguientes años.

La pregunta que sigue asaltando a la sociedad es ¿Por qué tanta insistencia en un período de 5 años? Algunas hipótesis:

  1. Porque quieren servir al Estado y para ello no les alcanzan dos años;
  2. Porque quieren tener tiempo para concretar sus intereses personales y de grupo;
  3. Porque es un ensayo para lo que se quiere hacer a nivel nacional, como aquel que intentó Carlos Salinas cuando mandó a Gonzalo Martínez Corbalá a la reelección en San Luis Potosí para ver cómo reaccionaban las fuerzas políticas y sociales del país;
  4. Por ignorantes de la ley;
  5. Para no confrontarse con el equipo del gobierno electo a sabiendas de que su reforma constitucional no tiene futuro, de esa forma aceptan lo que se les haya ofrecido, votan a favor, pero saben que es letra muerta. Engañan pues al gobernador electo.

Seguramente habrá otras. Pero independientemente de las razones, es vergonzosa la votación de los Diputados. Al igual que con los Magistrados Electorales del Estado, habrá que iniciar procesos de responsabilidades contra ellos. La consecuencia no puede quedar en una simple expulsión de sus partidos políticos, para eso ya tienen uno al cual incorporarse. Deben abrirse los procedimientos judiciales y administrativos que correspondan según el cargo. De otra forma quedará claro que lo hicieron porque pueden, porque no pasa nada, porque no hay consecuencias al mal actuar de los funcionarios en México.

Que no nos extrañe ver a este grupo que votó en contra del estado de derecho en puestos públicos de designación o de elección popular en el futuro si no actuamos, si no levantamos la voz, si no los señalamos con la convicción de que han traicionado a la democracia.

Paco García Burgos

Consultor y analista político

paco@pacogarciaburgos.mx

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