El 16 diciembre de 2009 cuando fue abatido en Cuernavaca Arturo Beltrán Leyva y seis de sus guardaespaldas en un operativo del gobierno federal, fueron publicadas diversas fotografías del cuerpo sin vida con billetes, joyas y diversos objetos religiosos encima, en lo que fue considerado por propios y extraños en un montaje macabro que atentaba contra el estado de derecho. Incluso, los entonces senadores Ricardo Monreal -del PT en esas fechas- y Arturo Núñez -entonces del PRD- coincidieron en señalar que “todo indica que el gobierno federal buscó con ello mandar un mensaje a los narcotraficantes, pero es claro que el único mensaje es el cumplimiento de la ley.” Hoy, ambos justifican el actuar del gobierno federal en los hechos de Culiacán lo que significa que, en contraposición, aprueban el mensaje pacifista del gobierno del presidente López Obrador más allá del cumplimiento de la ley.

En ese entonces, la operación militar de alto nivel -la Marina fue quien llevó las riendas-, se manejó con todo sigilo y en secreto se mantuvieron quienes participaron en los operativos pero, no obstante el hermetismo, se filtró el nombre de un participante que cayó en cumplimiento del deber en esas acciones, el del marino Melquisedec Angulo Córdova, quien fue sepultado en su tierra natal 5 días después -21 de diciembre-. Esa filtración trajo como consecuencia que el día 22, un grupo armado ejecutara en su domicilio de Paraíso, Tabasco, a la madre del marino de nombre Irma Córdova, y a tres parientes más, ignorándose si la esposa del marino y sus hijas vivían con la madre de éste o si ya estaban resguardadas por el gobierno federal. Era Felipe Calderón era el presidente de la república quien ante estos hechos, dijo “no habremos de amedrentarnos por criminales sin escrúpulos”.

Lo anterior viene a cuento porque justamente ayer jueves, el presidente López Obrador exigió al titular de SEDENA revelar el nombre del militar que estuvo a cargo del operativo en Culiacán, saliendo a la luz pública el nombre de Juan José Verde, Coronel de Caballería, lo cual, indudablemente, lo pone en riesgo grave e inminente

Entiendo que el presidente López Obrador no sea experto en el tema de seguridad y justicia -que desde hace muchos años es un asunto sumamente técnico, no de discurso político- pero no acepto, bajo ninguna circunstancia, que sus asesores -secretarios- no lo sean. No por romper con el pasado significa que las cosas deban hacerse diferentes ahora, menos aun si se demuestra y comprueba que no funcionan; hay caminos recorridos en los terrenos de seguridad y justicia -específicamente en el combate a la delincuencia- que han dejado mucho aprendizaje a base no solo de sudor sino de sangre y lágrimas, y exponer hoy por hoy a un alto mando operativo en aras de una transparencia que no se requiere, me parece sumamente irresponsable, innecesario, y riesgoso para el involucrado y su familia.

Alguien debe hacerle entender al presidente López Obrador que su estrategia de combate a la delincuencia a un año de gobierno no está funcionando, y que debe dar un golpe de timón de veras, pues el empoderamiento de la delincuencia está siendo cada vez más temerario y que ésta sigue sin atender -ni entender- aquello de ‘abrazos, no balazos’, ‘fuchi, guácala’, la acusación con sus ‘madres o abuelas’ -no tienen-, etcétera.

Con Calderón, cuando dio inicio la “Operación Limpieza” en la PGR con el fin de depurar la institución y recuperar credibilidad ciudadana -septiembre de 2008- se fueron produciendo detenciones medianamente importantes incluyendo algunos mandos medios de la entonces SSPF, en lo que se consideró era una operación ‘por encimita’. Pero la acción de limpieza se endureció y elevó sus miras pocos días después de que fuera derribado el avión en que viajaba el entonces secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño el 4 de noviembre de 2008 (el próximo lunes serán 11 años del magnicidio), justos dos semanas después de que fuera capturado en CDMX el “Rey Zambada”. Fue a partir de entonces que se comenzaron a arraigar funcionarios de primer nivel de la PGR y de la SSPF, siendo estos un exsubprocurador de la SIEDO, dos directores de INTERPOL y un comisionado de la PFP. (Precisamente, el siguiente JUZGUE USTED versará sobre el magnicidio de Mouriño, 11 años después).

Con López Obrador se han dado capturas de carácter político pero no de alto nivel delincuencial salvo -tal vez- en el tema del ‘huachicoleo’ -extracción ilegal de hidrocarburos-, y no se podrá llegar a ellas si se sigue impidiendo al ejército el uso de la fuerza legítima y se le expone a la humillación pública; si eso sucede con ellos, ¿qué podrá pasar con una autoridad menor?

No por nada en las altas filas castrenses están preocupados.

Los civiles, también.

La delincuencia crece, cada vez es más temeraria, y no se ve estrategia eficaz en contra. Hay que actuar, y pronto; entonces, los resultados hablarán por sí solos, pues por lo pronto, son desastrosos y desalentadores. Muy desalentadores.