La negligencia habitual de los servidores públicos para recolectar y manejar adecuadamente la información no es exclusiva en los casos de desaparición de personas, al contrario, es común en investigaciones de todo tipo de abusos y en prácticamente todos los tipos de delitos, la diferencia es lo que está en juego en los casos de desapariciones.

La desaparición es un delito permanente, lo que implica que mientras se desconozca el paradero de la víctima, la transgresión continúa. Al dejar estos casos sin resolver, las autoridades no sólo prolongan el crimen sino, sobre todo, prolongan la agonía de las familias que desconocen el paradero de sus seres queridos.

En 2015, la periodista de investigación Marcela Turati entrevistó a una mujer cuyo hijo había desaparecido en 2011, mientras viajaba hacia la frontera estadounidense, cuando la madre escuchó que se habían hallado fosas comunes en Tamaulipas (Semanas más tarde), denunció la desaparición de su hijo a las autoridades que investigaban el hallazgo, proporcionando una descripción de su ropa, rasgos físicos y una muestra de ADN. En 2015, Turati accedió a los informes forenses de los cuerpos que habían sido encontrados en San Fernando en 2011, los cuales fueron enterrados tiempo después en fosas comunes, uno de ellos pertenecía a una persona de sexo masculino, cuyas características coincidían con la descripción dada por la madre; había sido encontrado años antes, con un documento de identidad en uno de los bolsillos (En el que se leía el nombre del hijo de la mujer), nunca se informó a la madre.

En respuesta a esta agonía prolongada, ha surgido un movimiento compuesto por personas como Rocío Valencia Moreno, los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y miles más a quienes les falta un ser querido, se han agrupado en más de 70 colectivos activos a través de todo el país que rastrean morgues, cárceles, cerros y lotes baldíos; tocan las puertas del gobierno, marchan en las calles y hablan con los medios. Muchos están coordinando sus luchas individuales y colectivas a través de una organización nacional que los congrega: El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Este es, en muchos sentidos, un movimiento sin precedentes en México. Su rasgo más notable es la naturaleza del sufrimiento que alimenta sus esfuerzos, lo cual los lleva a hacer cosas que pocos mexicanos harían. Exigen investigaciones que los ponen en la mira de posibles represalias de peligrosos integrantes de la delincuencia organizada o de las fuerzas de seguridad — y siguen presionando incluso tras recibir amenazas de muerte que paralizarían a cualquiera. Sacrifican su tiempo, energía y ahorros (En algunos casos incluso sus hogares y carreras) para seguir el más mínimo indicio. El tipo de análisis racional de costo-beneficio o de riesgo-recompensa que lleva a otros a resignarse ante el abuso, la corrupción y la incompetencia de las instituciones gubernamentales, no tiene ninguna relevancia para ellos. Renunciar a sus seres queridos desaparecidos no es una opción.

A diferencia de muchos otros movimientos de protesta, a las familias de los desaparecidos no las mueven intereses ideológicos o políticos, sino el deseo desesperado de que se resuelvan sus casos, quieren que las instituciones públicas funcionen mejor, sin importar la ideología de quién esté a cargo, las familias de los desaparecidos tienen el potencial para ser una fuerza transformadora en México, sus esfuerzos ya han llevado a miles de exhumaciones e investigaciones judiciales, que resultaron en la resolución de cientos de casos. También son, en gran parte, responsables de la aprobación en 2017 de una de las leyes más ambiciosas sobre derechos humanos en la historia del país: La ley general sobre desapariciones, este fue uno de los pocos avances significativos en la promoción de los derechos humanos durante la pasada administración, el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyarla en respuesta a las protestas nacionales de apoyo a las familias de los estudiantes de Ayotzinapa. Su contenido fue negociado con la participación activa y directa de las familias de las víctimas, incluso en el proceso de redacción en el Congreso.

La ley exige crear varias bases de datos nacionales (Incluidas la de personas no localizadas y la de cuerpos no identificados) y especifica la información que deben recopilar e intercambiar las autoridades federales y locales, crea un organismo federal, la Comisión Nacional de Búsqueda, para coordinar las iniciativas de búsqueda que realizan los fiscales, policías y otros organismos federales y estatales, y exige que cada estado establezca una comisión similar. Estas comisiones podrían resolver una gran cantidad de desapariciones en un plazo relativamente breve, con tan solo cerciorarse de que los organismos gubernamentales pertinentes compartan la información que ya tienen a través de las nuevas bases de datos. Además, la ley contiene fuertes disposiciones para promover la justicia, incluida una definición de “Desaparición forzada” congruente con el derecho internacional de los derechos humanos, que aborda aspectos clave de la tipología de este delito. Uno de estos aspectos es el ocultamiento de información sobre el paradero de la víctima, la ley establece que los funcionarios que incurran en esta práctica pueden ser juzgados, incluso si no fueron partícipes en la detención ni tuvieron contacto con la víctima. Asimismo, la ley permite una reducción sustancial de la pena para los agresores que proporcionen información acerca del paradero de las víctimas, lo que genera un fuerte incentivo para la colaboración eficaz. 

La ley exige que todos los Estados establezcan fiscalías especializadas para los casos de desapariciones, como la que ya existe en la PGR, con la información facilitada por aquellos perpetradores que intenten reducir sus penas y con las bases de datos mejoradas y las búsquedas coordinadas, estas unidades especializadas podrían lograr avances sin precedentes en el procesamiento de los responsables. Sin embargo, lo que distingue a esta ley de otras anteriores es el ímpetu del movimiento de familiares de víctimas que está detrás. Efectivamente, la ley reconoce a los familiares de las víctimas el derecho de participar en búsquedas e investigaciones y dispone que se creen programas para protegerlos de represalias así como a todos los involucrados en iniciativas de búsqueda. También exige la creación de consejos ciudadanos tanto a nivel federal como estatal, integrados por familiares de víctimas, defensores de derechos humanos y expertos que brinden asesoría y den seguimiento al trabajo de las comisiones de búsqueda. Con esto, podrían dar pie al primer avance significativo en México de cara a abordar la catástrofe de derechos humanos que ha generado la fallida “Guerra contra las drogas”.

El éxito de este plan podría tener un impacto mucho más allá de los casos de desapariciones, al poner en acción a las instituciones responsables de asegurar justicia y terminar con una era de impunidad casi absoluta de los miembros de las fuerzas de seguridad, cuyos abusos han contribuido a incrementar la violencia.

La esperanza contra todo pronóstico es precisamente la maldición que se les ha impuesto a las familias de los desaparecidos, ya que ellos no están dispuestos a renunciar a sus seres queridos ausentes, ni pueden hacerlo. Una paradoja perversa de la crisis de derechos humanos que vive México es que el sufrimiento de estas familias pueda llegar a ser una clave para que el país salga de esta catástrofe.

Sin embargo, para que eso sea posible, López Obrador deberá comprometerse a apoyar los esfuerzos de estas familias en todo el país con la misma fuerza que está apoyando a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Específicamente, deberá asegurarse de que los mecanismos establecidos por la ley general sobre desapariciones reciban fondos suficientes y el apoyo proactivo de otras instituciones gubernamentales, y de que respondan plenamente a los consejos ciudadanos, a los colectivos y a las familias individuales. Y tal vez lo más importante sea que, cuando los reclamos de verdad y justicia de las familias se enfrenten a la resistencia de los militares y de otras fuerzas de seguridad —algo que inevitablemente sucederá si se avanza en los numerosos casos sobre desapariciones forzadas—, el presidente deberá expresar de forma inequívoca de qué lado está.

Diferentes asociaciones civiles respaldan la búsqueda de personas que diariamente desaparecen en diferentes Estados de la República, aquí en Baja california, donde se localiza una de las Ciudades más violentas y peligrosas del mundo como lo es Tijuana, no puede pasar desapercibida el enorme número de personas que desaparecen diariamente. Esto podría ser atribuible a que al ser una de las Ciudades más transitadas del mundo y frontera con EU, diariamente recibe migrantes que buscan llegar al vecino país y en su intento se pierde su rastro, Tijuana también sufre de desapariciones de sus propios ciudadanos, donde se integran hombres, mujeres y niños.

Fe, para todas aquellas personas que están buscando a quienes de repente se esfumaron, Fuerza para seguir en su lucha diaria hasta conocer su paradero, y Fortaleza para asimilar lo que en el camino se va encontrando.