Concluido el primer mes de los veinticuatro que son de las administraciones municipales instaladas el 1º de octubre, en materia de seguridad pública tenemos los primeros resultados los cuales no son nada halagadores no obstante que fue uno de los temas principales en la campaña electoral de cada uno de los hoy alcaldes. Recuerdo perfectamente a todos ellos criticando acremente a sus antecesores por los malos resultados en el tema inclusive en Tecate, a pesar de que en el XXII ayuntamiento de este municipio se tuvo un marcado descenso delictivo que la ubicó como la ciudad más segura de Baja California. Pero hoy que todos están siendo medidos con la misma vara de antes, se están dando cuenta que no es lo mismo torear en el ruedo que ver a éstos desde la barrera.
Pero vayamos con orden.
La desaparecida SSPE (hoy transmutada en Fiscalía General del Estado junto a la también desaparecida PGJE) publicaba la estadística delictiva con base en la información que le pasaba la PGJE a partir de las averiguaciones previas formalmente iniciadas, conocidas ahora como carpetas de investigación en el NSJP; a partir de allí procesaba ésta y la hacía pública con un retraso de quince días, debiendo precisarse que dicha dependencia era la única que tenía acceso al manejo de la base de datos, esto es, que nadie de los municipios o de la misma PGJE podía manipular a su conveniente antojo los números delictivos. Así, mes tras mes se hacían públicos los datos del comportamiento criminal en el estado y se veían, sin lugar a dudas, los avances o retrocesos en los esquemas de seguridad que cada autoridad municipal implementaba en la esfera de sus competencias. En esta columna se comentó a plenitud de los resultados en Tecate demostrando como la baja delictiva fue histórica en prácticamente todas las modalidades de robos.
Hoy, alejado momentáneamente de la función pública, he retomado el análisis del comportamiento delictivo a nivel nacional, regional y local, y de las políticas públicas implementadas para frenar sus incrementos lo cual de ninguna manera se ha logrado hasta ahora y, por el contrario, de manera preocupante y peligrosa el estado mexicano ha comenzado a ceder a los embates de la delincuencia organizada pues se está volviendo práctica común insultar y agredir a los soldados por parte de malvivientes que de la única forman que podrían entender -tal vez- su agravio a la ley sería sometiéndolos con la firmeza y dureza de las instituciones, no con la errada utopía de ‘abrazos no balazos’. En ese tenor -de regreso en la docencia, en el ejercicio profesional libre y en la redacción- he comentado lo riesgoso de esa política presidencial y que es momento de dar un golpe de timón, pues están más que confundidos en el gobierno federal en la forma de enfrentar la delincuencia, al no diferenciar que una vía es la prevención en sus múltiples y diversas aristas para recomponer el tejido social, y otra es la contención de la actividad delincuencial bajo el imperio de la ley con las facultades que concede ésta a los organismos policiales.
De allí la importancia de las estadísticas delictivas pues son fundamentales para la valoración de resultados y -con otros factores- para el diseño de planes, acciones y estrategias para la confrontación de la delincuencia, donde el paso uno -en muy corto plazo- es la contención de ésta y el dos -en igual de corto-, su disminución. O sea, son fundamentales para el correcto diseño de Políticas Públicas, pues.
Bajo ese antecedente, regresamos a los resultados del primer mes de ejercicio municipal en Baja California y lamentablemente se observa que son sumamente malos con excepción de Rosarito, como así lo demuestra la estadística que antes elaboraba y publicaba la SSPE y que hoy la elabora y publica la Fiscalía General del Estado -FGE- en el sitio http://seguridadbc.gob.mx/contenidos/ESTADISTICAS_DELICTIVAS.php, y en esta se puede observar que la incidencia delictiva aumentó, de septiembre a octubre, así:
MEXICALI: subió 7% al pasar de 2 mil 583 a 2 mil 758 delitos
TIJUANA: subió 13% al pasar de 3 mil 716 a 4 mil 198 delitos
ENSENADA: subió 19% al pasar de 1 mil 082 a 1 mil 292 delitos
TECATE: subió 67% al pasar de 251 a 419 delitos
ROSARITO: bajó 2% al pasar de 318 a 311 delitos
Allí tiene la cruda realidad. Y preocupante, mucho, en el caso de Tecate.
¿Qué pasó? ¿Acaso de un mes a otro se ‘echaron’ los policías? ¿Dirán, acaso, que se trata de ‘reajustes normales, nos estamos asentando, bla bla bla’?
Podrán darse excusas múltiples en todas las ciudades para justificar los malos resultados -insisto, excepto Rosarito- pero lo cierto es que así inician los gobiernos morenistas. Estos malos resultados que no pueden interpretarse más que como incompetencia para el ejercicio del mando superior, son en perjuicio de los propios ciudadanos que claman y exigen día a día seguridad elemental para vivir en paz y armonía y no deben permitir, bajo ninguna circunstancia, ni retrocesos ni aumentos delictivos.
No debe olvidarse que los cargos en materia de seguridad y justicia no pueden ser, como antes, para improvisados, arribistas, o compadres. Son cargos sumamente técnicos -no confundir cargo técnico con cargo de escritorio- que imponen el deber de dar inmediatos resultados.
Si el presidente López Obrador debe dar un golpe de timón en seguridad y justicia cuando le restan 60 meses de gobierno, con mayor razón los alcaldes debieran hacerlo a poco más de veintidós de irse pues no tienen tiempo que perder, salvo que lo que menos les importe sea la seguridad de sus gobernados.
Allí están las frías pruebas.
Continuará.
