El presupuesto de egresos de la Federación para el próximo ejercicio de 2020, fue aprobado en lo general y en sede alterna el pasado jueves 28 de noviembre. El nuevo proyecto contempla las nuevas tendencias de gobernar a nivel nacional por parte del presidente Andrés Manuel quien encabeza esta cuarta transformación.

Basados en esta tendencia el nuevo presupuesto está sustentado tres ejes rectores básicos:

El equilibrio presupuestario, la Responsabilidad Hacendaria y el combate a la elusión y evasión fiscal.

Siguiendo varios principios dentro de los que destacan el combate a la corrupción, austeridad en el gasto de manera equilibrada y balanceada, fortaleza de las finanzas públicas mediante la mejora de la administración tributaria a través de esquemas de fiscalización efectivos.

Bajo estas consideraciones el nuevo presupuesto federal plantea un crecimiento con indicadores como el Producto Interno Bruto entre 1.5 y 2.5 por ciento anual, una inflación anual del tres por ciento, el precio del petróleo 49 dólares por barril, un tipo de cambio de 19.90 pesos por dólar y una tasa de interés del 7.4 por ciento.

El presupuesto propone 30 programas y proyectos prioritarios para el impulso a la agenda económica y social, que serian el centro de atención de diversas acciones de esta administración y que reemplazaran a las de gobiernos anteriores. Entre las cuales destacan las siguientes:

1. Políticas de protección social de transferencias monetarias directas
2. Impulso a la producción de petróleo y gas
3. Becas y provisión de instituciones de educación superior
4. Políticas para el campo mexicano enfocadas en la pequeña producción y la seguridad alimentaria.
5. Subsidios y subvenciones para el empleo
6. Infraestructura de transporte (Tren maya y aeropuertos)
7. Mejora de espacios urbanos.

RAMOS ADMINISTRATIVOS CON MAYORES VARIACIONES ABSOLUTAS PPEF 2020

Del total de recursos para los gobiernos locales, 47.9% corresponde al pago de participaciones; 41.4% a las aportaciones federales que se canalizan a destinos específicos como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública, y el restante 10.7%, a otros conceptos en los que se encuentran las asignaciones para convenios de coordinación, subsidios y otros gastos

PARTICIPACIONES FEDERALES PARA BAJA CALIFORNIA EN 2020

En el año 2019 con el presupuesto aprobado, Baja California recibía 27,512.9 mdp y para el año 2020, se presentó el proyecto por 28,306.2 mdp teniendo una variación real de 2.88 %, considerando el efecto inflacionario.

Aportaciones: En lo que respecta al total de aportaciones, para el PPEF, Baja California presenta una variación anual de 0.15% pasando de 19,724.7 mdp a 19,755.6 mdp.

La composición del ramo 33, abarca un mayor monto para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), sin embargo, el monto que mayor incremento porcentual tuvo el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), con un incremento de 4.73%

VARIABLES RELEVANTES PARA BAJA CALIFORNIA

Con la reciente publicación del Proyecto de Presupuestos de Egresos de la Federación (PPEF) 2020, el gasto federalizado que es el correspondiente al que se transfiere a gobiernos locales; queda de la siguiente manera:

1. 1, 972,054.5 mdp corresponde al total del gasto federalizado (Incluyendo la protección social en salud, ramo 23 y los convenios con la sociedad privada) con una variación anual de -0.5% respecto al presupuesto autorizado 2019.
2. 944,270.6 mdp correspondiente a las participaciones federales, teniendo una variación anual de -0.9% cuyo monto del 2019 era de 952,645.1 mdp del presupuesto autorizado.
3. En las aportaciones federales, la cifra pasó de 818,015.00 a 816,741.4 mdp en el PPEF mdp, teniendo una variación anual de – 0.2%

Para los programas que afectan el ingreso mediante precios de garantía y apoyos recurrentes para proyectos productivos, principalmente en especie, es importante considerar implementar mecanismos que eviten prácticas de intermediación, las cuales puedan provocar el mercado negro, afectando el destino de los apoyos y el objetivo de las intervenciones.

Poner atención especial en los programas de Crédito Ganadero y Precios de Garantía.

• Es necesario incrementar la inversión en bienes públicos como la electrificación rural, infraestructura para el almacenaje, centros minoristas y mayoristas de comercialización, red de carreteras, mejora y administración del riego, infraestructura de drenaje y transporte, servicios sanitarios y fitosanitarios, así como la investigación, extensión y capacitación, la inteligencia de mercados (Incluyendo las estadísticas agrícolas y la información sobre el clima), entre otros bienes públicos.
• Una de las prioridades debe ser promover las ventajas asociadas con la conformación de organizaciones económicas de pequeños productores con un enfoque territorial; impulsar la comercialización de su producción, lo que exige mejorar la conectividad de localidades aisladas o pequeñas mediante infraestructura rural (Caminos rurales).
• Apoyar prioritariamente a las micro y pequeñas empresas dependiendo de la etapa del ciclo de vida en la que se encuentren, mediante un mapeo estratégico de la oferta gubernamental para abarcar las diferentes necesidades y coordinar la acción gubernamental en los tres órdenes de gobierno definiendo líneas estratégicas nacionales.
• Se identifica una relación directa entre el comportamiento de la seguridad social y la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza y pobreza extrema, dicha relación muestra que el fenómeno de la informalidad que en teoría aleja los derechos que integran la seguridad social en un ámbito formal y afecta al sector fiscal, han propiciado un contexto de “Informalidad positiva” que influye en el aumento de los ingresos de la población, y que para efectos de medición de la pobreza impacta de manera directa.

De acuerdo con datos del INEGI (Mismos que son utilizados para la medición de la pobreza por CONEVAL), el 46.1% de la población cuenta con el Seguro Popular, según el Padrón Nacional de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud, hasta junio de 2019 había 51,375,497 mexicanos afiliados, siendo el principal servicio de salud. Ante la posible desaparición del mismo, habrá que buscar los medios para reducir los posibles efectos de la transición hacia la nueva propuesta.