El pasado 30 de agosto se publicó en el Diario Oficial el “Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad, y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024”, que involucra acciones que tendrán que ser coordinadas por las secretarías de la Función Pública, Hacienda y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia. Antes de este programa, MORENA y el gobierno electo ya habían dado a conocer algunas ideas sobre cómo pensaban enfrentar la corrupción. En su “Proyecto de Nación 2018-2024”, presentado el 20 de noviembre de 2017, MORENA propuso la austeridad republicana, acabar con los conflictos de intereses, un programa anticorrupción para los sectores fiscal y financiero, controles y transparencia en investigaciones que involucren a empresas corruptas, y mayor control en licitaciones y contrataciones públicas. En julio del año pasado, el entonces presidente electo presentó “50 Lineamientos para Combatir la Corrupción y Aplicar una Política de Austeridad Republicana”, en los que propuso poder juzgar al presidente por deshonestidad, hacer de la corrupción un delito grave, la eliminación del fuero, que los servidores públicos presenten declaración de bienes patrimoniales, la prohibición del nepotismo, la obligación de licitar las obras públicas, la prohibición para servidores públicos de recibir regalos, el dar preferencia en licitaciones internacionales a empresas de países con gobiernos honestos, y hacer una revisión de los contratos públicos del pasado para identificar posible corrupción. Una de las 14 prioridades legislativas que el Presidente envió a los entonces legisladores electos de MORENA, para hacer de la corrupción un delito grave.

La pasada administración Federal, dejó cinco proyectos estratégicos con este fin, entre los que están el uso de tecnologías de la información para el combate a la corrupción, combatir los conflictos de intereses, construir un servicio civil de carrera con perspectiva de género y de justicia salarial, promover mecanismos legales para proteger a denunciantes de corrupción y, finalmente, mecanismos de transparencia de las compras públicas.

El programa anticorrupción presentado el 30 de agosto da continuidad a algunas de esas propuestas y nos dice con más claridad cómo va a ser el rostro de la política anticorrupción, un tema clave para esta administración. Un primer acierto de este programa es que fue “Elaborado tomando en consideración los resultados de los ejercicios de participación ciudadana y consulta con los distintos sectores sociales, efectuados en el marco de la integración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”.

Es satisfactorio saber que al menos en este caso, dichos ejercicios de consulta no fueron en vano. Entre los aspectos más notables de este programa es que todo indica que la indiferencia –Que a veces rayaba en la hostilidad– con la que el gobierno federal y la Función Pública había interactuado con el Sistema Nacional Anticorrupción ha terminado, y que en adelante habrá una mejor coordinación, especialmente en lo que se refiere a la evaluación de la Política Nacional Anticorrupción.

En cuanto al contenido específico del programa, si bien propone algunas acciones que son continuación de políticas implantadas por gobiernos anteriores, y hay otras que son una especie de exégesis de las responsabilidades normativas de la Función Pública, se aprecia un saludable énfasis en la vinculación de las acciones anticorrupción con el Sistema de Evaluación del Desempeño, mediante el impulso a las auditorías de desempeño y la vinculación de la información de indicadores de seguimiento y de evaluaciones con el proceso de elaboración de un Presupuesto de Egresos basado en resultados. También se menciona la necesidad de reasignar estratégicamente los recursos que resulten de ahorros por austeridad para mejorar la eficacia del gobierno, con lo cual se moderarían los efectos negativos de los recortes a oficinas públicas, que hasta ahora han sido más bien arbitrarios y, en algunos casos, contraproducentes.

Entre los aspectos que se propone impulsar para prevenir e investigar la corrupción está el apoyarse en el uso de tecnologías de información, específicamente con la elaboración de sistemas de minería de datos para el análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos. En suma, este programa retoma muchas de las preocupaciones en el tema anticorrupción, se compromete a trabajar con el Sistema Nacional Anticorrupción, incorpora políticas del pasado que han funcionado y aporta algunas ideas, como la de promover la contraloría social y una cultura de denuncia de actos de corrupción, que en conjunto podrían dar buenos resultados.

Por lo pronto en nuestro Estado de Baja California, aún no termina de integrarse el Sistema Estatal Anticorrupción; A la pasada legislatura no le alcanzó el tiempo para llevar a cabo los nombramientos quienes integran este sistema, y los resultados que se dieron a conocer no son los mejor preparados en estos temas.

En palabras del Ex titular del Instituto de Transparencia del Estado, Octavio Sandoval, el proceso de implementación se ha vuelto lento y tortuoso.

“Es un modelo muy burocratizado, con demasiadas instituciones públicas involucradas y al tomar decisiones, las discusiones se tornan complejas y eso hace que no haya avances importantes”.

Octavio Sandoval

Desde su conformación en julio de 2018, el CPC no ha revisado un solo caso de corrupción. Tan solo el nombramiento del secretario técnico tomó cinco sesiones del Comité Coordinador hasta que el 9 de noviembre se designó a Luis Irineo Romero. Quien fue señalado por no cumplir cabalmente con los requisitos de la convocatoria para ser designado en este cargo.

Actualmente el Sistema se encuentra empantanado, no ha logrado despegar como órgano que debiera estar trabajando en prevenir, sancionar y erradicar el combate a la corrupción en Baja California, la pugna por el poder entre el grupo de empresarios que encabeza COPARMEX y el ejecutivo del Estado ha llevado a que varias de las acciones emprendidas por la legislatura pasada estén hoy en día en procesos de amparo y pendientes de resolver en los tribunales, tal es el caso del nombramiento del e la elección del magistrado Iván José Curiel Villaseñor, cuyo cargo tiene una vigencia de seis años, fueron 19 votos a favor, aunque recientemente fue impugnada ante el Congreso por varios miembros del CPC, quienes tienen una evidente y abierta relación con el grupo COPARMEX; por presunto conflicto de interés.

El caso más grave es el del Ex presidente del SEA, Jorge Topete Calvario; quien fue señalado en un semanario regional por formar parte de una sociedad a la que el ayuntamiento de Tijuana pago 9.8 Millones de pesos por asesorías en materia de cuenta pública; cuando todavía fungía como presidente de este organismo, y que como replica el ex presidente de este sistema envía carta aclaratoria en forma de réplica, dejando una dudosa veracidad de los hechos mencionados.

La esperanza de los ciudadanos está en manos de la actual legislatura, quienes deberán establecer una verdadera solución a la incursión de los empresarios en temas 100% ciudadanos, y que por consecuencia frenan las acciones de los ciudadanos y técnicos verdaderamente comprometidos con el servicio a la ciudadanía sin tintes políticos y alejados de todo interés empresarial.