Mucho se ha hablado del primer año de gobierno del presidente López Obrador, de sus logros, de sus fracasos, de sus pendientes, y si bien es cierto que en muchos temas ha quedado a deber conforme a la magnitud de sus promesas electorales en sus diversas campañas presidenciales, no menos cierto es que son, aún, los albores de su gobierno y que no debe faltar mucho tiempo para que haga los reajustes que le permitan dar un fuerte golpe de timón -lo que en este espacio se ha comentado previamente-. Particularmente en el tema de seguridad y justicia el escenario nacional es muy lamentable tanto que el empoderamiento de la delincuencia organizada y ahora incluso la ordinaria, son el mejor indicador de que las cosas están muy mal.

Ha pregonado recientemente el presidente en su frontal combate a la corrupción, que prefiere que sus funcionarios tengan 90 por ciento de honestidad y 10 por ciento de capacidad, pero esta es otra forma de rendición del estado a no poder hacer las cosas bien, como se deben, pues la exigencia debe ser 100 por ciento de capacidad y 100 por ciento de honestidad. De entrada, debe recordarse una premisa fundamental en el servicio público que dice “se es corrupto no solamente por recibir dinero sino por ejercer un cargo para el que no se está preparado”.

En materia de seguridad y justicia los cargos no pueden estar en manos de advenedizos ni bien intencionados sino que, por el contrario, deben estar en manos realmente competentes que garanticen el cumplimiento de la ley, y aunque a pocos les gusten las evaluaciones, son éstas la mejor métrica para saber si se está cumpliendo con las responsabilidades asignadas. Las evaluaciones son de diversa índole pero no pueden estar hechas a modo de los evaluados; en éstas, la medición de resultados es una de las más importantes pues así como en la educación escolar las boletas de calificaciones son la mejor muestra del avance académico de los estudiantes -desde educación primaria hasta nivel profesional- la estadística delictiva es la medición -incluyendo la estadística judicial- del avance, retroceso o estancamiento de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que participan en el combate a la delincuencia. Habrá quienes quieran justificar los malos resultados de una y mil formas pero la contundencia de la transparencia es más fulminante que cualquiera de los ganchos de El Canelo Alvarez. Es fundamental la honestidad, sí, pero es vital la capacidad de los mandos responsables para dar los resultados que requiere la ciudadanía en el combate a la delincuencia porque si no, esto es, dejar de lado las aptitudes para el ejercicio, se obtienen los resultados preliminares que ya vimos en anterior entrega.

Otra evaluación no sólo importante sino fundamental es el Control de Confianza, pero debiera mejorarse el proceso actual para incluir como actores presenciales de la evaluación de resultados a entidades públicas como bien podría ser el propio Congreso del Estado y una -o dos- de las Universidades con mayor antigüedad, como podrían ser la UABC y el CETYS, a efecto de evitar la manipulación conveniente de resultados en perjuicio o beneficio de los evaluados. Pero aquí habría que hacer una reforma importante en la ley de la materia para exigir que al personal del Poder Judicial, comenzando por jueces y magistrados, se les practicaran de manera obligatoria estas evaluaciones de control de confianza, porque ellos integran una parte muy importante del esquema de seguridad y justicia el cual inicia en la prevención -policías municipales-, continúa en la investigación -la fiscalía-, sigue con el poder judicial -jueces y magistrados- y concluye con el sistema penitenciario. Entonces, si a todos los elementos y mandos de las diversas corporaciones policiacas -federales, estatales y municipales- se les exigen estos controles de confianza como requisitos de ingreso y permanencia y a todos los mandos superiores, medios, intermedios y operadores de las Fiscalías o Procuradurías también, ¿por qué entonces no se aplican los mismos rigurosos controles al Poder Judicial? Hay infinidad de casos de corrupción tanto en el Poder Judicial de la Federación como en múltiples estados del país, como para no considerarlo requisito sine qua non para ingreso y permanencia.

Hoy, al presidente AMLO le quedan aun sesenta meses de ejercicio presidencial, pero a los alcaldes bajacalifornianos sólo veintiuno, y en estos dos meses y cacho de ejercicio ya estamos viendo que nada bien les está yendo y, de entrada, están quedando a deber porque sus antecesores llevaban mejores resultados. No todos buenos -Tecate es la excepción- pero al menos mejores que los actuales -Rosarito es la excepción-.

En este contexto de reflexión estaba cuando leí una entrevista que le hicieron al titular de la SSP de Tijuana Jorge Ayón Monsalve en la que decía, literal, que “tengo dos celulares para el trabajo y los dos están toda la noche sonando; hay veces que el sueño me vence; yo tenía un muy buen empleo como agregado de la CNI en California y estaba haciendo también (sic) un muy buen papel, etc”, y realmente no creo que estas trivialidades a alguien le interesen porque lo verdaderamente importante y trascendental es informar si hay plan y estrategia con ruta, rumbo y destino en el combate a la delincuencia, más aún cuando los primeros meses de actividad han demostrado que la brújula está desorientada y que se trabaja a golpe de calcetín, con ocurrencias y corazonadas.

Si tanto se criticaron los resultados que en materia de seguridad pública obtuvo en Tijuana el Patas Gastelum, no podemos dejar de puntualizar que en estos dos primeros meses de gobierno el encabezado por Arturo González no las trae consigo. Ojala se rectifique a tiempo porque, insisto, en un gobierno de 24 meses al que le quedan 21, no hay tiempo que perder en aprender lo que – se supone- se debe dominar: el combate a la delincuencia.